Mendoza: las pruebas de la actuación de los ex magistrados en los crímenes de lesa humanidad

Fiscales.gob.ar presenta tres casos expuestos por el fiscal general Dante Vega durante el alegato en el que está acusando a los ex magistrados que actuaron en Mendoza. La inacción frente a los habeas corpus y las denuncias de las víctimas, y la visita del acusado Miret a un centro clandestino.

De www.fiscales.gob.ar

La madrugada del 22 de noviembre de 1975, el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña ordenó la realización en Mendoza de una gran cantidad de operativos de secuestros que tuvieron el mismo sello: grupos de hombres armados que se movieron en autos sin identificación y que entre la 1:00 y las 5:00 de la mañana aterrorizaron familias, destrozaron casas y se llevaron personas que fueron ingresadas al centro clandestino de detención que funcionaba en aquella unidad militar.

Los familiares de los desaparecidos acudieron desesperados al Poder Judicial, denunciaron los hechos y presentaron habeas corpus, que tramitaron ante el entonces juez federal Luis Miret y el entonces fiscal Otilio Roque Romano. Tiempo, después también intervinieron otros magistrados, como Rolando Carrizo, quien también está siendo enjuiciado en este proceso. La Fiscalía acusa a los ex magistrados de haber sido "garantía de impunidad".

Fiscales presenta en esta nota tres de los casos que el fiscal general Dante Vega viene exponiendo con su equipo en el alegato del histórico juicio que tiene acusados a ex magistrados, militares, policías, penitenciarios y civiles por la comisión de crímenes contra la humanidad ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza.

El juicio, iniciado en febrero de 2014, lleva casi dos años y medio de audiencias. El alegato de la Fiscalía, que comenzó el 15 de marzo pasado, está llegando a su cuarto mes.

Desaparecido

Alrededor de las 3:00 de aquél 22 de noviembre, el estudiante de medicina Luis Rodolfo Moriña, de 24 años de edad, fue secuestrado en su domicilio por un grupo de unas catorce personas que vestían uniforme de policías y estaban armadas y encapuchadas. Sin exhibir orden de allanamiento, ingresaron rompiendo la puerta de acceso a la vivienda de la calle Santiago del Estero. Antes de llevarse a la víctima, hicieron destrozos, golpearon al resto de la familia y la encerraron.

Dos estudiantes de medicina que sobrevivieron al secuestro de esa noche contaron que compartieron el cautiverio con aquél joven. Uno de ellos narró que, encapuchado, fue conducido por los represores a un lugar abierto, como un patio, donde se dio cuenta que "ahí estaba media facultad", pues empezó a escuchar que los captores nombraban los apellidos de sus compañeros de estudio, entre quienes estaba Moriña. El otro estudiante contó que logró conversar con Moriña en una barraca de la VIII Brigada.

La familia de Moriña presentó un habeas corpus en el juzgado a cargo de Miret, quien notificó al fiscal Romano. El 26 de noviembre, el Comando de la VIII Brigada reconoció que el joven estudiante estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Miret entonces pidió al Ministerio del Interior la copia del decreto correspondiente, donde se indicó que la víctima estaba en esa condición desde el 27 de noviembre, es decir, cinco días después de su secuestro. El decreto conformó a los magistrados.

Meses después, el 13 de febrero del '76, el juez Rolando Carrizo -a solicitud de la familia- pidió al Comando de la VIII Brigada que informara el lugar donde se encontraba detenido Moriña. Seis días más tarde, desde la unidad militar se informó al juez que el detenido se había fugado. Carrizo notificó a Romano y nunca se resolvió el habeas corpus. El juez Guzzo ordenó su archivo en marzo de 1981.

El fiscal Vega señaló en su alegato que de las pruebas "se advierte la omisión de investigar de parte de todos los magistrados actuantes, quienes se limitaron a ordenar los oficios de rigor y se conformaron con su respuesta negativa, cuando era evidente una situación grave, como la de una persona secuestrada, mantenida en un centro clandestino de detención y que tres meses después y ante la ausencia total de noticias, ante una nueva presentación se informa sin más que se encuentra prófugo y los funcionarios se conforman con esta novedad".

"Nótese -prosiguió Vega- que tampoco se investigaron los ilícitos cometidos en el procedimiento en que se lo secuestró y que fueron claramente puestos en conocimiento de las autoridades judiciales: esto es, las privaciones ilegítimas de la libertad de los familiares de la víctima, el robo de objetos del domicilio, allanamiento sin orden de autoridad competente y sin las demás formalidades prescriptas por ley, etcétera".

Para la Fiscalía, "más que revelar la naturalidad con que los ex magistrados recibían estas noticias delictivas, el caso da una pauta de los alcances de la omisión de investigar, que se extendían no sólo al hecho principal sino también al círculo de hechos delictivos cometidos en ese contexto".

Tampoco, indicó el fiscal, "mereció ninguna investigación por parte de los ex magistrados intervinientes la privación ilegítima de la libertad que sufrió Moriña los días que permaneció detenido sin orden de autoridad competente", entre el 22 y el 27 de noviembre, que es cuando el PEN reconoce su detención.

"Quedate tranquilo, que salís"

El 22 de noviembre de 1975 a la 1:40 un procedimiento similar con ocho hombres armados irrumpió en la casa de Jacobo Hoffman, en la calle Catamarca. Buscaban a su hijo, Walter Hoffman, estudiante de medicina, que estaba estudiando en lo de su novia. Jacobo Hoffman fue brutalmente golpeado y los hombres estuvieron durante media hora en la casa, tras lo cual se retiraron.

Cuando pudo incoporarse, Hoffman llamó a su hijo y le avisó lo que ocurría y luego caminó media cuadra hasta la comisaría 3era para formular la denuncia. Una vez que terminó de exponer, fue secuestrado por unas siete u ocho personas que irrumpieron en la seccional y redujeron al personal policial, con el que se tirotearon. Un día después, tras haber sido torturado, Hoffman padre fue liberado.

En tanto, Walter regresó esa misma noche a su casa y fue secuestrado y confinado en una barraca de la Compañía de Comando y Servicios de la VIII Brigada, donde fue torturado y compartió el cautiverio con el desaparecido Moriña, ambos encapuchados y atados a una cama, en un lugar que en su declaración testimonial describió como "lleno de gente".

Allí, en el centro clandestino, se presentó Miret. La víctima vio sus zapatos lustrados por debajo de la capucha: "Quedate tranquilo, que salís de acá", le dijo el juez. Su padre había presentado un habeas corpus en el juzgado a cargo de ese magistrado, en el que también intervino Romano como fiscal. En la causa hay constancias de que Miret se había comunicado para requerir informes a la VIII Brigada, desde donde se le comunicó que Hoffman hijo había sido puesto a disposición de la Justicia Federal por infracción a la ley 20840, conocida como antisubversiva.

Otra vez la respuesta militar conformó a los magistrados. El habeas corpus fue rechazado el 26 de noviembre, sólo con base en ese informe.

Pese a que Hoffman no tenía ninguna duda de que quien le habló en el centro clandestino era Miret, varios años después el propio juez le reconoció su presencia en el lugar.

Ese reconocimiento de Miret, narró el sobreviviente, tuvo su origen en que se negó a asistir al casamiento de la hija del juez, que contrajo matrimonio con el primo de Hoffman. Al parecer, la hija del ex juez se enteró que el invitado no había ido por este motivo y se lo recriminó a su padre.

Años después de ese casamiento, Miret se acercó a Hoffman: "Quiero que me reivindique con mi hija", le dijo. "En su despacho me dijo que tenía mi expediente en su escritorio desde el año '75, si quería verlo; yo me negué a eso", contó Hoffman en el juicio.

Hoffman también dijo que tiempo después se enteró de las razones por las que Miret fue hasta el centro clandestino a verlo y le garantizó la vida. El abogado que patrocinó a su padre en el habeas corpus había sido uno de los mentores para la designación de Miret como juez federal.

Disparos y bombas en la madrugada

El 22 de noviembre de 1975, un grupo de nueve hombres armados irrumpió en dos autos a las 2.30 en el domicilio de la familia del filósofo y ensayista Emmanuel Ezequiel Ander Egg, quien no se encontraba en la casa. Estaba en Venezuela por razones de trabajo.

Su esposa, Irma Zamboni, había salido a la vereda porque justo estaba despidiendo a una visita. Los atacantes le exigieron de forma violenta que les abriera la puerta, ante lo cual se negó y comenzó a gritar por la presencia de la policía. Uno de los hombres le tapó la boca y otros dos la tomaron de los brazos, mientras otro le pegó una bofetada. Este mismo represor luego disparó contra la cerradura de la puerta y la atravesó. La bala se incrustó en una silla del living, donde estaban los hijos de la mujer.

Como no pudieron abrir la puerta e Irma Zamboni seguía reclamando por la policía, la subieron a un auto y la condujeron hasta la comisaría 5ta, donde dos efectivos se incorporaron a la comitiva y volvieron, todos juntos, a la casa de la familia Ander Egg. Así ingresaron a la vivienda, luego de que los hijos de la pareja abrieran la puerta, y revisaron libros, muebles y documentos. Se llevaron dinero, papeles y otros objetos.

Dos meses después, el 30 de enero de 1976 a las 2:15, fue detonado un explosivo junto al portón del garaje de la vivienda, que produjo destrozos en todo su frente, además de la destrucción total de otros dos vehículos.

Después del primer ataque, en noviembre del '75, Irma Zamboni presentó un habeas corpus preventivo en el juzgado federal a cargo de Miret, con el fin de conocer si había una autoridad pública que estuviera buscando a su esposo y los motivos de ello. Miret le dio traslado de la presentación al entonces fiscal Romano, quien opinó por su desestimación porque no se había determinado en la presentación de la mujer que la amenaza a la restricción de la libertad fuese ilegal.

Miret rechazó el habeas corpus sin sustanciarlo, en base a que era de dominio público que esos días se estaba realizando en la ciudad un "operativo de lucha contra actividades subversivas encomendado al Ejército Argentino". Y, al respecto, señaló que "dar curso al recurso desvirtuaría la proyectada captura".

Zamboni apeló la resolución ante la Cámara Federal, que revocó la resolución de Miret. El tribunal de alzada sostuvo que justamente el hecho de que se estuviera realizando un "operativo antisubversivo" hacía procedente el pedido de informes a la autoridad militar y le indicó que debía adoptar "todas las providencias a su alcance".

El 22 de diciembre, el caso recayó en el juez Carrizo, que requirió los informes al Comando de la VIII Brigada. Los militares contestaron que no existía orden de detención contra Ander Egg. El juez rechazó el recurso y notificó al fiscal Romano.

Respecto del atentado con un explosivo, al día siguiente de que el sumario policial arribara la Justicia Federal el fiscal Romano solicitó el "sobreseimiento provisorio de las actuaciones". El juez Carrizo resolvió en ese sentido por "no resultar" de la investigación "quién o quiénes son los culpables del hecho delictuoso incriminado, sus cómplices o encubridores, si los hubiere, ni indicios suficientes para determinarlos".