viernes, 26 de agosto de 2016

Macri creó un campo de concentración para migantes latinoamericanos





Un inmueble, controlado por la Policía Federal y ubicado en el barrio de Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires, alojará a los migrantes irregulares previo a su expulsión del país. La violación del derecho migratorio y las garantías constitucionales.

El pasado 19 de agosto se dio a conocer un comunicado oficial que anunciaba el acuerdo entre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MJS); y Horacio García, director Nacional de Migraciones (DNM).

En el mismo se informó la entrega en comodato a la DNM de un inmueble ubicado en Pasaje Colmo N° 3860, destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 [Ley de Migraciones] y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos”. Además se señaló que de esta forma se buscan “optimizar” las condiciones para “combatir la irregularidad migratoria”.

Según lo anunciado, el documento firmado por las tres partes entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre.

Agostina Hernández Bologna, abogada e integrante del Programa de Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) explicó a Notas que la gravedad de la creación de estos centros de detención reside en que “en estos lugares lo que pasa es que no se respetan las garantías correspondientes y tiene un fuerte impacto en lo que significa la criminalización de la migración”.

De acuerdo al análisis de la abogada, estas personas “cometieron una infracción administrativa y se las está deteniendo por eso. No cometieron un delito penal donde corresponda ir a la cárcel”. “Es como que a vos te metan en una prisión por cruzar un semáforo en rojo o estacionar mal el auto”, ejemplificó.

“Es un retroceso enorme en la política de derechos humanos de los migrantes que teníamos en la Argentina”, sostuvo la especialista. “Ahora las camionetas de Migraciones van a realizar razzias para buscar personas en situación irregular”, sumó.

La abogada explicó que la actual ley migratoria 25.871 permite la “retención” de migrantes y su posible deportación, después de un proceso judicial. “Eso es un gran avance de la legislación argentina. En el resto del mundo, salvo Uruguay, esto lo decide el Poder Ejecutivo”, comentó.

Si bien reconoció que existen detenciones “de hecho” en comisarías y otros lugares, “son arbitrarias e ilegales, no existía en Buenos Aires un centro dedicado exclusivamente a la detención de personas migrantes”, indicó Hernández Bologna.

“El Estado argentino en su legislación se compromete a garantizar el derecho humano a migrar. Para lograr esto hay que garantizar la regularización de esas personas, no la criminalización”, remarcó y aseguró que en la mayoría de los centros de detención del mundo “se vulneran todas las garantías del derecho procesal y penal”.

Regularizar o sancionar

Repasando las políticas migratorias del último tiempo, Pablo Ceriani Cernadas, coordinador del mismo Programa de Migración y Asilo de la UNLa contó a Notas que la política argentina en la materia cambió “radicalmente” desde fines de 2002 cuando Argentina firmó el Acuerdo de Residencia del Mercosur y con la Ley de Migraciones que entra en vigencia en 2004.

Anteriormente a eso, era “muy restrictiva” con una ley que venía desde la Dictadura. De acuerdo al especialista, en los ’90 no era restrictiva “porque la gente no entrara, entraba igual”, el punto era que la dejaban en condiciones de “irregularidad, explotación, vulnerabilidad y discriminación” y que el Estado en vez de regularizar su situación la sancionaba.

El especialista de la UNLa contó que la política de la Unión Europea y Estados Unidos de construir centros de detención, vallas, etc., fue muy criticada por toda Sudamérica en su momento. Y además no redujo la migración irregular. “Sí tuvo efecto en los derechos, porque personas que no son acusadas de ningún delito más que alguna irregularidad administrativa en sus papeles, terminan siendo privadas de su libertad”, analizó.

“Entonces este anuncio es preocupante porque es una marcha atrás de una política de Estado que ha sido tomada como modelo por la ONU, la OEA, la ACNUR y otros organismos”, aseguró Ceriani Cernadas.

Por otro lado, el integrante del Global Detention Project, Michael Flynn también pensó, consultado porNotas, la situación en clave global e indicó que existen actualmente unos dos mil centros de detención de migrantes en el mundo. “Estados Unidos tiene, aproximadamente, la mitad de los migrantes detenidos del mundo. Cada día alrededor de 30 mil personas son apresadas por razones migratorias”, resaltó Flynn. “Hasta hoy en día, esta era la parte del mundo donde no había un sistema de detención sistemático”, expresó.

“Que un país como Argentina cree un centro de detención quiere decir que en el futuro va a haber más detenidos para justificar la existencia de este lugar”, advirtió.

Ceriani Cernadas fue contundente: “La migración irregular no hay que combatirla, hay que resolverla”. Además, aseguró que políticas como la creación de centros de detención reflejan “una falsa vinculación entre migración y delito que ninguna estadística avala”.

“Este tipo de miradas y estas políticas suele generar -esto pasó en casi todas las regiones- efectos negativos. Para la gente en primer lugar y también para los Estados porque la migración trae innumerables aportes positivos para una sociedad. Argentina es una prueba de ello”, planteó

Cambio de paradigma y xenofobia

De acuerdo a Ceriani Cernadas, esta decisión va en sintonía con otras medidas que se tomaron en estos meses como la eliminación de un programa de la Dirección de Migraciones que era de abordaje territorial. “En muchos barrios donde se sabía que había una mayor población migrante se facilitaba la documentación. Es decir personas que tienen el derecho, por pertenecer al Mercosur, de residir acá y por falta de información quizás no se habían regularizado”, explicó.

“Pasamos de ayudar a los migrantes con sus papeles, lo cual mejora sus condiciones de acceder a un trabajo formal, de consumo, de vivienda, a mirarlos como infractores y sospechosos”, puntualizó el especialista en temas migratorios.

“Se alimenta la xenofobia”, aseguró y planteó que se trata de una “criminalización simbólica” que “crea y refuerza todo un imaginario social que tienen sectores de la sociedad que es errado”.

“Es un chivo expiatorio. En vez de hablar de la desocupación, la pobreza, etcétera se le echa la culpa de todo a los inmigrantes”, concluyó el investigador de la UNLa.