jueves, 7 de julio de 2016

El bicentenario y la independencia económica


Por Eduardo Basualdo

El historiador Eric Hobsbawn en uno de sus últimos trabajos sostuvo que el siglo XX fue un siglo corto que se extendió desde 1914 hasta el fin de la era soviética en 1991 . Tomando ese criterio pero aplicándolo a la Argentina se puede sostener que ese corte secular final se ubicó a mediados de la década de 1970 y reconoce tres etapas. La primera fue la que comenzó la dictadura cívico militar en 1976 y culminó en 2001 que estuvo en sintonía con la instauración del neoliberalismo a nivel mundial. La siguiente fue el ciclo de los gobiernos kirchneristas (2003-2015) que tuvo el signo opuesto al retomar la línea histórica nacional y popular, impulsando la expansión de la economía real y la redistribución del ingreso a favor de los trabajadores. La última transcurre en la actualidad y es nuevamente conducida por los sectores dominantes neoliberales que accedieron ya no mediante golpes militares sino por elecciones democráticas.

No corresponde realizar aquí un análisis detallado del patrón de acumulación (1976-2001) que impuso la dictadura -la valorización financiera- pero sí tratar algunos de los principales rasgos que condicionan la independencia económica hasta nuestros días:

1. Las dos variables centrales en términos macroeconómicos fueron el endeudamiento externo y la fuga de capitales locales al exterior.

2. Fue una creación estatal que en diversos momentos con su endeudamiento proveyó las divisas para la fuga de capitales, hizo que las tasa interés interna supere a la internacional, estatizó la deuda externa privada mediante los seguros de cambio y les transfirió las empresas públicas a los grupos económicos, las firmas transnacionales y el capital financiero.

3. La fuga al exterior que llevó a cabo el capital oligopólico se originó en la inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores que instauró una nueva pauta distributiva. La fuga fue realizada por la fracción del capital que controlaba el Estado, los grupos económicos locales, conjuntamente con conglomerados extranjeros y el capital financiero. Ese fue el momento histórico en que se generalizó la dolarización e internacionalización del capital de la alta burguesía local que no restringió su nivel de consumo sino que redujo la inversión productiva consolidando el proceso de desindustrialización que, a su vez, culminó con una desocupación desconocida.


Respecto al ciclo de los gobiernos kirchneristas se puede sostener que fue posible por la acentuada crisis orgánica que se desplegó entre 1998/2002 al conjugarse la moratoria de la deuda externa y la mayor devaluación del tipo de cambio real de la historia con una profunda crisis institucional y política. En sus primeros años (2003-2007) adoptó una política que impulsó la expansión de la economía real, la disolución de la valorización financiera y la mejora en la redistribución del ingreso, generando una expansión económica desconocida en el marco de una reversión de los términos de intercambio adversos. Su rasgo dominante, pero no exclusivo, fue la reivindicación nacional a partir del canje de la deuda externa de 2005 que luego se perfeccionó en el 2010, la cancelación de la deuda con el FMI, el rechazo al ALCA y el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos que mayoritariamente estaban en manos del capital extranjero.

A partir del conflicto con los productores sojeros en 2008, el kirchnerismo le agregó al eje nacional el rasgo distintivo de lo popular ya que a partir de allí al enfrentamiento con el capital financiero le sumó el que entabló con los grupos económicos locales que hasta allí los consideraba como parte de la burguesía nacional. En esta etapa se despliegan las reformas estatales más profundas y se estabiliza la redistribución del ingreso, pero irrumpen tres procesos que limitaron el crecimiento económico: la crisis mundial que comienza en 2008 con epicentro a los países centrales pero que luego “contagió” a la periferia. En ese marco se desplegó el embate de los “fondos buitre” (apoyados por la política imperial norteamericana y el capital financiero) que el gobierno enfrentó mediante una férrea defensa interna e internacional de la soberanía nacional. Finalmente, irrumpió una restricción externa de nuevas características que se inscribió dentro del proceso latinoamericano que aludió hace días el vicepresidente de Bolivia, al señalar que la falta de reformas productivas potenció a los sectores dominantes y afectó a los sectores populares. En nuestro caso ocurrió así, porque los factores relevantes que la determinaron fueron el déficit energético y el impacto negativo de las “locomotoras” industriales que eran tanto el sector automotriz cuya integración nacional no llegaba al 20% de su producción y el complejo industrial de Tierra del Fuego que directamente es un enclave importador. Sin embargo, el más relevante de todos fue nuevamente la fuga de capitales locales al exterior pero ahora vinculado a los superávit de la Balanza Comercial y no a la deuda externa, desacelerando seriamente la inversión productiva.
En diciembre de 2015, la conjunción de los sectores dominantes internos y externos a través de la Alianza Cambiemos asumió el gobierno. Tan es así que la agencia Bloomberg afirmó poco después “Wall Street está a cargo de la Argentina (nuevamente)” . Esta caracterización acertada desde el punto de vista de la alianza de poder no lo es considerando la fracción del capital que detenta el control directo del Estado. En la década de 1990 la ejercieron los grupos económicos locales pero ahora lo tienen, a través de sus representantes orgánicos, el capital financiero internacional, el oligopolio petrolero y las prestadoras de servicios públicos mientras que la presencia de los grupos económicos locales es insignificante. Esta profunda torsión en la situación del bloque de poder implica diferencias respecto a los años ´90, tanto en la política económica como en el tipo de contradicciones entre las fracciones dominantes del capital y, en consecuencia, en la conformación del sistema político ya que el Frente Renovador responde, con la autonomía relativa del caso, a los grupos económicos locales. Cambiemos y el Frente Renovador coinciden en la necesidad de erradicar al FpV en tanto es el portador de un proyecto nacional y popular que es la forma de Estado más urticante para los sectores dominantes dentro del capitalismo, pero al mismo tiempo compiten por el control estatal para lo cual es decisiva la cooptación del Partido Justicialista que cada uno de ellos pueda hacer. Pensando en el bicentenario este giro copernicano respecto al gobierno previo constituye una paradoja.

La política del gobierno actual se propone una revancha clasista que contempla la reversión de la distribución del ingreso mediante un ajuste económico y la modificación del Estado. De hecho se transita, con sus más y menos, una devaluación del tipo de cambio, aumento de la inflación, recesión, caída del salario real, expulsión de mano de obra, aumento de la pobreza e indigencia, elevación de la tasa de interés, incremento de las tarifas de los servicios públicos, apertura externa y desindustrialización. Obviamente, tanto el endeudamiento externo como la fuga de capitales están presentes: la deuda para reconstituir las reservas, pagarles a los “fondos buitre” y paliar la situación de las provincias y la fuga tuvo una notable virulencia en los primeros meses hasta que el Banco Central fijó una tasa del 38,5% para las Lebac.

Cambiemos y el Frente Renovador impulsaron la aprobación de la “ley ómnibus” cuyo mascarón de proa es la reforma jubilatoria, siendo inciertos sus beneficiarios y no sustentable económicamente en tanto sus objetivos de fondo son la venta de las acciones de las empresas privadas propiedad del Fondo de Garantía (FGS), el blanqueo de los capitales fugados al exterior cuyo costo es irrisorio y un diseño no se encamina a impulsar la inversión productiva porque no jerarquiza la incorporación de esos recursos a la economía interna .

En síntesis, estamos transitando un año que terminará con una elevada inflación y con una caída del PBI acompañada por una nueva relación entre el capital y trabajo, conflictos en el bloque de poder y un nuevo alineamiento internacional. La necesidad de la conformación de un frente nacional resulta poco discutible y para ello los sectores populares buscan respuestas a través de su movilización, esperando la reacción de sus dirigentes, lo cual no deja de ser otra paradoja.